El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo presentada por el abogado Maximiliano Dentone.
El decreto judicial fijó una audiencia para el próximo miércoles, a la que deben comparecer representantes de presidencia, el ministerio de salud pública y autoridades de la farmacéutica estadounidense Pfizer.
Recarey hizo lugar a la solicitud en respuesta a un pedido de amparo específicamente para suspender la administración de la vacuna en niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria.
Según la decisión, el ejecutivo y el laboratorio estadounidense deberán aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de «óxido de grafeno» o «elementos nanotecnológicos».
También se piden datos que demuestren la «inocuidad» de «la sustancia llamada ARN mensajero» y que acrediten con estudios de la agencia estadounidense de estados unidos, la FDA, «el carácter experimental» de las vacunas.
El magistrado pide que las autoridades «expongan si se han estudiado terapias anticovid-19 alternativas» y «en caso negativo, aclare por qué no se exploraron esas salidas», según el documento.
Los contratos firmados entre el gobierno uruguayo y Pfizer también son objeto de escrutinio para comprobar si contienen cláusulas «de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos», entre otros detalles.
La decisión judicial exige además explicaciones sobre si se han realizado estudios «tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por covid-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior».
«Muy especialmente, se intimará a Pfizer a que en 48 horas manifieste -con aporte de datos documentales si fuere del caso- si la empresa ha admitido la verificación de efectos adversos de las vacunas contra el denominado covid-19. en general, y también con detalle relativo a la población infantil», dice el documento.