Autoridades de UTE decidieron sumar a la denuncia penal realizada por Gas Sayago, el informe de la Jutep.

La Junta de Transparencia y Ética Pública, concluyó, con base en un informe realizado por la consultora Pricewaterhousecoopers (PWC), que en el caso de Gas Sayago los directorios de UTE y Ancap (que tenían poder sobre el 20% y el 80% del proyecto respectivamente) transgredieron normas y principios éticos «tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”, tras su pérdida de US$ 213 millones.

También definió que hubo un «desvío de las directrices generales de buena administración pública” y tanto UTE como Ancap fueron «ineficaces e ineficientes» en los controles, lo que constituyó una «violación al principio de legalidad», informaron el diario El País y el Semanario Búsqueda.

El director UTE en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, dijo a Noticiero Oriental que la Jutep confirma «que no había un proyecto de viabilidad con Gas Sayago».