El 9 de enero de 1924 se sancionó la ley de creación de la Corte Electoral.

A diferencia de otros países, la Corte es la palabra final en materia de elecciones en nuestro país, teniendo sobre sí la responsabilidad de «conocer de todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre actos y procedimientos electorales y fallar sobre ellos en última instancia».

Además, una de sus tareas centrales consiste en llevar el Registro Cívico Nacional y la emisión, mediante la Juntas, de la Credencial Cívica.

La corte está integrada por 9 miembros, que responden a una representación emanada de acuerdos políticos en el Parlamento, aunque muchas veces, no existen tales acuerdos y su conformación no cambia.