El artículo 45 de la Constitución establece que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa» y que “la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
¿Esto se cumple en Uruguay?
En una crónica de El País de marzo de este año se señala que el déficit habitacional que tiene Uruguay al día de hoy oscila entre 60.000 y 70.000 viviendas.

En esa misma crónica se señalaba que “el objetivo del MVOT para este período de gobierno es lograr aumentar en un 30% la construcción de soluciones habitacionales en comparación al quinquenio anterior” y
para ello “cuenta con un presupuesto quinquenal de aproximadamente US$ 1.250 millones que será destinado exclusivamente a la construcción de viviendas y serán distribuidos en promedio en unos US$ 250 millones por
año”.
Para la mesa especial de conversación se dispararon varias preguntas:
Cuando ya han gobernado 3 distintos partidos en Uruguay ¿Por qué el acceso a la vivienda sigue siendo un déficit? ¿Se podrá cumplir con ese objetivo? ¿Hay ayudas reales de garantías a jóvenes que quieran
alquilar? ¿Han servido para atacar el problema las distintas agencias
que se han creado en los últimos años?

Participaron de la mesa el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, la diputada del Frente Amplio, integrante de la comisión de Vivienda y Territorio de Diputados y ex-coodinadora del Plan Juntos, Cecilia Cairo y el secretario general de FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Gustavo González.